Las actualizaciones de los valores contables constituyen una excepción al principio general de coste de adquisición establecido por el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, y deben interpretarse como ajustes autorizados por el Gobierno para compensar en parte el efecto de la inflación en España.

La última actualización fue aprobada por el Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.