La Ley 19/1989, de 25 de julio, recogía la reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil española a las directivas de la Unión Europea (UE) en materia de Sociedades. Además de adaptar la Ley de 17 de julio 1951 de Sociedades Anónimas a las directivas pertinentes, la Ley 19/1989 incluía numerosas disposiciones nuevas que no venían exigidas por las directivas de la UE.

Dado el carácter sustancial de las modificaciones introducidas por dicha Ley, y al amparo de su disposición final primera, el 22 de diciembre de 1989 se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud del Real Decreto 1564/1989. Esta Ley se denominará en adelante "Ley de Sociedades Anónimas".

Tras la promulgación de la Ley 19/1989, que básicamente se ocupaba de las sociedades anónimas, en 1995 se promulgó una nueva Ley que regulaba las Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo), así como el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprobó el nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

El Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el Reglamento del Registro Mercantil constituyen el núcleo normativo básico en el ámbito del derecho societario.

Por último, el 8 de octubre de 2001 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) 2157/2001 del Consejo, en virtud del cual se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), y la Directiva 2001/86CE del Consejo, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores.

El citado reglamento entró en vigor el 8 de octubre de 2004. No obstante, en cuanto a la Directiva, el Gobierno ha iniciado los trámites para su transposición al Derecho nacional sin que todavía haya sido completada.

El Reglamento de la Sociedad Europea ofrece a las sociedades que operan en varios Estados Miembros la opción de estar establecidas como una sola sociedad a efectos de la legislación de la UE y de ser capaces de operar en la misma de acuerdo con una única legislación y un sistema de administración y declaración unificado. Para las sociedades que actúen en diferentes Estados Miembros, la Sociedad Europea ofrece la posibilidad de reducir sus costes administrativos con una estructura legal adaptada a los Reglamentos Comunitarios. Esta nueva regulación puede ocasionar la reestructuración de grandes grupos de sociedades que actualmente operan en varios Estados y significativos movimientos de capitales en Europa.